El Estado será dueño de entre el 60 y 65 por ciento del grupo BMN, tras inyectarle la ayuda de 730 millones de euros aprobada ayer por Bruselas, según cálculos preliminares barajados en los mercados. La cuota final está, sin embargo, pendiente de un informe de valoración encargado a PricewaterhouseCooper.
El escenario estresado de Oliver Wyman reveló un déficit de capital de 2.208 millones que mitigará en gran parte con la reciente cesión al Sabadell de la red de la antigua Caixa Penedés, varias enajenaciones pendientes y el desalojo de activos inmobiliarios al banco malo o Sareb.
Sin embargo no ha podido esquivar la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), en lugar de recibir Cocos como Liberbank o Caja3 porque BMN había obtenido 915 millones en ayudas en preferentes convertibles. El equipo gestor se mantendrá al frente pese a la nacionalización parcial, con el cometido de reestructurar el grupo y sacarlo a bolsa para devolver el dinero al Estado antes de cinco años. El Frob se sentará en su consejo para vigilar el cumplimiento del plan aprobado por Bruselas, sin tomar las riendas de la gestión. Solo lo hará, y para preparar su venta, si no ha devuelto el dinero dentro de cinco años.
Un ajuste superior
El plan aprobado por Bruselas le exige reducir el balance que tenía en 2010 en más de un 40%, centrarse en banca de particulares y pymes y limitar al máximo la financiación inmobiliaria y la banca mayorista. A pesar del ajuste, muy superior al dispuesto para Liberbank y Caja España-Duero, el grupo conformado con la unión de la cajas de Murcia, Penedés, Sa Nostra y Granada lo tiene casi hecho.
El balance de BMN en 2010 ascendía a unos 70.000 millones. Con el traspaso de activos al banco malo y la venta de oficinas al Sabadell, bajará a 50.000 millones. El resto del ajuste debe acometerlo antes de 2018 y se concentrará, sobre todo, en la venta de las participadas y nuevos cierres de oficinas. El acuerdo con el Sabadell da un empujó fuerte a dicha reestructuración, ya que le cede 462 sucursales en Cataluña y Aragon de la antigua Caixa Penedés, con un balance de unos 20.000 millones en balance. Con dicha red le traslada 2.000 empleados, 900.000 clientes, una cartera de crédito de 10.600 millones y otros 7.900 millones en depósitos.
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