LA REFORMA INDECENTE

La alternativa más clara y barata que promueve la reforma es que las cajas se acojan a expedientes de regulación de empleo (ERE), que no requieren ahora del visto bueno del Ministerio de Empleo o las Consejerías de Trabajo. Pasar la lupa de las administraciones requería antes un acuerdo con los sindicatos, que solicitaban indemnizaciones mínimas de 45 días de salario por año trabajado y límite de 42 mensualidades. La nueva legislación facilita que el empleador despida colectivamente a 20 días con tope de 12 mensualidades si argumenta pérdidas actuales o previstas, o demuestra tres trimestres consecutivos de caída de ventas o ingresos. Para el sueldo medio del sector, 3.065 euros al mes, la indemnización máxima sería de 24.184 euros. Ni una décima parte del coste de prejubilar.